Gestión Ambiental (I)



La última utopía de la Modernidad tardía
Articulista
Luis d’Aubeterre es Doctor en Psicología (UCV, 2001). Desde 1993 hasta la fecha, es docente y científico del Centro de Investigaciones Antropológicas de la UNEG.

El legado impositivo del pensamiento Occidental, esparcido a sangre y fuego durante seis siglos de Modernidad, ha sido tanto más efectivo y eficiente, cuanto que goza del prestigioso Logos y Ethos de la ciencia, cuya función civilizadora permitió  el desencantamiento del mundo y su dominio tecnológico.
La convicción de “verdad científica” que el Positivismo de Comte anunciaba en el siglo XIX, sobre el brillante devenir de la humanidad merced al desarrollo científico y el progreso, tras superar miserias, limitaciones y padecimientos que históricamente han desolado al Hombre; sigue siendo el credo laico compartido por jerarcas de las potencias super-industrializadas y presidentes corporativos transnacionales.
A pesar de las Guerras Mundiales (y las otras), Nagasaki e Hiroshima, hambrunas en Africa y Asia…Nanotecnología, bio-ingeniería genética, física de partículas, geometría fractal y sus múltiples concreciones comerciales (laptops, tablets, celulares, pastillas, implantes, fast food, DVD’s…); constituirían  la evidencia empírica probatoria de la veracidad de los axiomas y postulados de  la civilización occidental.
Empero, a finales del siglo XX, algo sólido se fracturó irreparablemente. La pretensión de verdad del utópico Progreso y Desarrollo, se marchitó aceleradamente, mientras las sociedades de sobre-abundancia se descubrieron  infectadas por contaminación de cuatro elementos clásicos: aire, agua, fuego y tierra; por exceso de explotación, usura, saturación y destrucción sistemática de  ecosistemas planetarios.
Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, “nuevo rumbo” de la “gerencia socio-productiva responsable” en las sociedades globalizadas,  responderían estratégicamente a una cierta conciencia sobre esta compleja problemática ecológico-climático-ambiental.
Sin embargo, son categorías  conceptuales nutridas de la misma lógica funcional moderna, “revisadas y corregidas” por los hechos societales catastróficos de las “sociedades del conocimiento”. La mimetización forzada que los países del Tercer Mundo han hecho del Primero, se reitera en Venezuela y Guayana, pretendiendo injertar en sus prácticas productivas minero-extractivas fundamentales (petróleo, hierro, aluminio, oro, diamante, carbón), el discurso de la Gestión Ambiental, pero manteniendo la misma perspectiva minero-depredadora corto-placista, auspiciada por un desarrollismo agónico desesperado que ahora habla de “Desarrollo Sustentable”, pero sin cuestionar sus procesos productivos convencionales, empleando  procedimientos tecnológicos primarios contaminantes de aire, suelo y agua en macro y micro cuencas de la región y del país, hipotecando yacimientos petrolero-gasíferos, incrementando pasivos ambientales en la abultada factura que el Estado venezolano adeuda a los ciudadanos nacionales, continentales y planetarios.
La crisis ecológico-climático-ambiental global debiera plantear, urgentemente, una profunda transformación civilizatoria en todas las prácticas de vida del planeta, asumiendo que seres, elementos y ecosistemas dejen de ser “recursos naturales renovables y no-renovables”. Empero, la Gestión Ambiental todavía apuesta a garantizar un supuesto Desarrollo Sustentable para generaciones futuras. Versión adecuada del tecno-discurso funcional, en nombre de una Utopía: la última de la Modernidad.  


El reto de Ciudad Guayana

Articulista
Ana Jorge es Ingeniero y Doctorando en Ciencias Ambientales Universidad Politécnica de Madrid. Docente Investigador de la UNEG. Adscrita al Centro de Investigaciones en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. Responsable de la Línea de Investigación Gestión Ambiental Empresarial.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  (CRBV), en su capítulo IX (referido a los Derechos Ambientales), refuerza  la visión del país de cara al tema ambiental.
Los artículos 127, 128 y 129 son contundentes con relación a la posición del Estado venezolano, al  establecer la protección del ambiente; la garantía  de un ambiente libre de contaminación; el desarrollo de una política de ordenación del territorio alineado con el desarrollo sustentable; la obligatoriedad de los  estudios de impacto ambiental y socio cultural.  
Todo ello complementado con una serie de instrumentos legales que definen  compromiso del país con su medio ambiente. Sin embargo, la práctica nos da cuenta de una serie de situaciones que contrastan con  este  compromiso.

Muestra de ello es el diagnóstico presentado por el reconocido investigador Alex Fergusson (2008). En su obra, Venezuela la cuestión ambiental y el desarrollo: una señal de alerta  expone  las dificultades que enfrenta el Ejecutivo nacional en esta materia:  
  1. En el sistema de Áreas Naturales Protegidas (Anapro) no se han implementado los Planes de Manejo y los Reglamentos de Uso establecidos en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.
  2. El incumplimiento sostenido de leyes orgánicas y especiales, convenios y protocolos internacionales, decretos, reglamentos y resoluciones, revela  la inoperancia de la autoridad ambiental nacional, estadal y municipal.  Destaca la situación del manejo inadecuado y disposición de desechos sólidos, hospitalarios y peligrosos; el deficiente control sobre los efluentes líquidos y las emisiones atmosféricas  de origen doméstico e industrial que han convertido a los principales ríos del país en cloacas a cielo abierto; el inoperante  control sobre el uso de plaguicidas y sobre las actividades mineras; el alto grado de deforestación con fines agrícolas, la sobre-explotación de la fauna silvestre y la falta de una política eficiente en materia de  conservación de las cuencas hidrográficas.
  3. La existencia de enormes pasivos ambientales, derivados de las actividades petroleras, petroquímicas y empresas básicas de Guayana. Destaca el autor en este punto la dificultad oficial para prevenir el impacto ambiental devastador sobre suelos, lechos de ríos y vegetación ocasionados por  la actividad minera del oro y el diamante (en la Región Guayana) y la contaminación mercurial asociada.
  4. La gran debilidad de las instituciones oficiales responsables del diseño y ejecución de políticas ambientales. El insuficiente personal con la formación adecuada a sus funciones,  se traduce en una limitada presencia del Ministerio del poder Popular para el Ambiente y de Inparques. Esto determina  que la gestión ambiental se encuentre siempre en situación crítica y con baja capacidad de respuesta a los problemas que se presentan
  5. La baja  efectividad de los programas y acciones en materia de educación ambiental y participación comunitaria en las labores de conservación del ambiente, en lo cual las ONG ambientalistas han resultado más exitosas.
Estudios realizados por la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), a través del Centro de Investigaciones en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable  (Cigads), confirman a nivel local lo expresado por Fergusson a nivel regional,  solo habría que añadir:
  • Dificultad para acceder a la información relacionada con el desempeño ambiental de las empresas básicas adscritas al Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam).
  • El desempeño ambiental de la Alcaldía del Municipio Caroní se basa sólo en una recolección deficiente de los desechos sólidos generados en  la ciudad. 
  • El Ministerio del Ambiente (Minamb), ente rector de las políticas ambientales, a través de su Dirección regional, ha demostrado una muy débil capacidad ejecutoria.
El anterior contexto, constituye el ámbito de acción para promover y desarrollar proyectos  orientados a potenciar las posibilidades locales en aras de lograr una gestión ambiental, de acuerdo a los preceptos del desarrollo sustentable. Lo anterior, será posible si se cuenta con el concurso de los organismos comprometidos con el desarrollo de la región.
Para ello, deben converger la voluntad política de las instituciones públicas, el conocimiento de las universidades y, la madurez y experiencia del sector privado.


Dos problemas para emprender una gestión ambiental
Articulista
Gonzalo Febres es Geógrafo, merideño radicado en Guayana desde 1973, dedicado a iniciativas dirigidas a conocer y mejorar el medio ambiente en el cual vivimos, desde la administración pública (CVG, Orcoplan y Edelca) y desde la empresa privada (ProConsult, CA).
Todavía hoy, pese al deterioro masivo de los servicios urbanos, a la inseguridad que golpea todos los sectores y la situación caótica en que se encuentran las llamadas empresas básicas, la privilegiada Ciudad Guayana sigue siendo una apuesta positiva para quienes vivimos acá, pero debemos ser más participativos en la búsqueda de soluciones que impidan el continuo proceso de degradación urbana.
En interesante destacar que la mayoría de los problemas no son nuevos y casi todo ellos ya han sido diagnosticados e inclusive, se tiene previsto el tratamiento requerido para eliminar el problema o por lo menos para minimizarlo. Desde el punto de vista de la calidad ambiental de Ciudad Guayana hay un conjunto de problemas, pero sólo me referiré a dos, por todos conocidos, que afectan a nuestra ciudad y poco o nada se hace para corregir la situación.
La primera situación se refiere  al manejo de las aguas: todas las tomas de agua para consumo humano de la ciudad se encuentran dentro del embalse de Macagua o inmediatamente aguas abajo de dicha presa; el problema radica en que las aguas servidas del oeste del sector Puerto Ordaz (el área de mayor crecimiento), son lanzadas a la represa sin ningún tipo de procesamiento y no nos referimos sólo a efluentes domésticos, también van efluentes industriales, a veces con elementos muy dañinos para la salud como el cromo, por citar sólo uno.
El problema lo conoce la Alcaldía, Hidrobolívar, CVG, la Gobernación y los ministerios de Salud y Ambiente;  las soluciones están, algunas a nivel de proyecto como la planta de tratamiento de agua de Santa Rosa, que ahora no se construye porque fueron invadidos los terrenos destinados para tal fin; mientras tanto, crece la ciudad cada día y por ende, se incrementa la carga de contaminantes que llega al embalse y en paralelo, cada día hay más fallas en el tratamiento de las aguas, a veces simplemente por ausencia  de los químicos requeridos para el proceso de potabilización.
La segunda situación se refiere al manejo de los desechos sólidos domésticos, sin incluir los industriales, que debe ser abordado en otro momento. El deterioro del manejo se expresa todos los días, no sólo en que no se hace la recolección debida de la basura, sino en el mal manejo del “basurero” de Cambalache, que ya no se puede mencionar como un vertedero a cielo abierto.
El problema del manejo de Cambalache no sólo afecta la calidad de vida del inmediato sector residencial de su mismo nombre, que ha crecido en una forma no deseada, sino en días de grandes quemas a buena parte del sector Puerto Ordaz de Ciudad Guayana, llegando, algunas veces a afectar el buen funcionamiento del aeropuerto.
Este también es un problema por todos conocidos, inclusive en los años 90 se diseñó y construyó la primera fase de un relleno sanitario o vertedero controlado en el sector El Pinar, que nunca se utilizó y actualmente está siendo objeto de ocupaciones ilegales. Pero, lo peor es que no existe una política de manejo de los desechos sólidos, lo poco que se había avanzado a nivel de formación en información de los consejos comunales se abandonó.
No hay un control serio de las unidades que se entregan a personas que muchas veces no conocen el manejo de los caros equipos compactadores. No hay campañas orientadas a minimizar la generación de “basura”, de separar los desechos de forma que se pueda obtener un valor de ellos, de controlar la operación de los recolectores y optimizarla.  La situación es tal que el botadero de Cambalache puede dejar de ser una amenaza para el colectivo de Ciudad Guayana, y convertirse en la causa principal de epidemias.
Estos problemas mencionados, tienen que ver con la salud pública y es urgente aunar esfuerzos para lograr soluciones ya que además, afectan al conjunto de la ciudad.

 
La Gobernabilidad en la Gestión Ambiental
Articulista
Becker Sánchez-Torres es Magister en Ciencias Ambientales. Candidato a Doctor en Sociología de la Ciencia, Centro de Estudio de la Ciencia, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC
En la actualidad son muchos los esfuerzos y perspectivas para la gestión ambiental, que si bien han evolucionado, a menudo también se han fundamentado en estrategias muy generales que concluyen en acciones poco relacionadas con las realidades locales, con los diagnósticos provenientes de los estudios base, en muchos casos carentes de procesos participativos y concertados entre los actores involucrados, como consecuencia de posturas y políticas sectoriales, que han ocasionado en algunos casos la ingobernabilidad.
La gobernabilidad para la gestión ambiental es el conjunto de sistemas, procesos e instituciones políticas, económicas y sociales, a través de los cuales los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, deciden la mejor manera de administrar, usar, gestionar los recursos naturales y su vinculación al desarrollo. No sólo se refiere a la legislación, la regulación y las instituciones públicas, sino debe implicar sectores económicos y sociales promoviendo una base legítima de participación colectiva. 

SISTEMAS QUE DEFINEN
Los sistemas de gobernabilidad influyen directamente en los procesos que definen cuál sector tiene acceso a los recursos naturales, cuándo, cómo, en qué cantidad y calidad. El acceso es poder y los que controlan pueden ejercer este poder de diferentes formas.
La manera cómo las sociedades escogen gobernar sus recursos, tiene profundos impactos en las condiciones de vida de la gente y en la sustentabilidad del territorio. Sin embargo, a veces se dan conflictos entre usos  o entre escalas, sean estas comunidades, municipios, estados, cuencas hidrográficas o áreas bajo administración especial entre tantas figuras administrativas, por falta de estructuras adecuadas de gestión.
Una buena gobernabilidad existe cuando los entes gubernamentales responsables y los otros actores sociales, establecen conjuntamente una política legítima y un marco legal e institucional para la gestión de los recursos naturales, de manera tal que responda a las necesidades sociales de sostenibilidad del sistema socio-ecológico a largo plazo.
De esa manera, interesan sobre todo las normas sectoriales, los procesos y decisiones que influyen directamente en la manera cómo se usa o asigna el recurso entre los diferentes sectores (agua potable, pesca, riego, turismo, actividades mineras, hidroelectricidad, entre otros) y escalas. 
Con la integralidad se quiere justamente superar esa sectorialidad generadora de conflictos; la dimensión institucional de la gobernabilidad en la gestión ambiental, trata de los cambios administrativos necesarios hacia más integralidad, es la manifestación organizativa del enfoque integral de los recursos naturales en un espacio. Así, desde un punto de vista operativo, el mayor o menor grado de articulación y coordinación (intercambio de informaciones y agendas, negociación técnica y política, capacidad de influencia mutua) entre esas instancias sectoriales de decisión teniendo en cuenta también la participación ciudadana, determina la asertividad para su gobernabilidad. 

INSTITUCIONES Y COMUNIDADES
Las  instituciones son agrupaciones sociales que intervienen en la toma de decisiones y que se basan en derechos, reglas y procedimientos, a través de los cuales hacen surgir prácticas sociales, asignan roles a los participantes en esas prácticas y gobiernan la interacción colectiva.
En el caso específico de las instituciones ambientales, éstas gobiernan las actividades humanas en relación a los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos.
Así mismo, las instituciones varían mucho en términos de atributos derivados de su estructuración, consolidación y demás etapas de su desarrollo. En esta apreciación existen instituciones cuyos componentes principales se codifican en base a hechos explícitos, así como en leyes y reglamentos tanto a nivel local, regional o nacional, pero ocurre también que estos arreglos pueden ser implícitos en base a acuerdos, prácticas, usos y costumbres que se generan en las comunidades y que en nuestro contexto se está institucionalizando en la figura de los consejos comunales.
Las instituciones y las comunidades, representan o son parte de los acuerdos que buscan gestionar conflictos entre las distintas partes, en consideración a que estas instituciones son una construcción social, y por tanto se encuentran en medio de procesos continuos de transformación.
Comprender las funciones que desempeñan las instituciones sociales, sirve para precisar las condiciones que rigen su importancia causal y desarrollar con estos elementos una nueva forma de pensar sobre el diseño y operatividad institucional, más específicamente en temas relacionados con el papel que juegan las instituciones en las relaciones hombre-naturaleza y su contribución para el desarrollo sustentable.

RETOS
No podemos negar la necesidad de profundizar algunos aspectos importantes de las instituciones involucradas en la gestión ambiental  que van desde; i) la comprensión de los mecanismos  empleados para su funcionamiento, ii) el conocimiento  sobre las condiciones implementadas para la eficacia y las causas de sus posibles fracasos, iii) su capacidad de vinculación con otras instituciones y con la comunidad para propiciar, diseñar, ejecutar y controlar sistemas y/o programas de gestión ambiental  y iv) el establecimiento de nuevos programas de investigación multi-actores, en el desarrollo de marcos conceptuales y estudios empíricos participativos necesarios para formular modelos para la gestión ambiental.
En líneas generales, la institucionalidad ambiental tiene una perspectiva amplia, centrándose en el proceso de  la creación de instituciones, y quizás también la concepción del proceso como parte de una respuesta más amplia a desafíos y oportunidades comunes, referidas a la concepción institucional como un proceso de aprendizaje social, donde la acción colectiva lleva a pensar en las instituciones como elementos integrales de causalidad y por tanto, como un elemento en la construcción de resultados participativos, que se emplean en los procesos de toma de decisiones, en el ejercicio de poder y en los regímenes de conocimientos como consecuencia de la importancia de la gestión y como contribución a la gobernabilidad en la gestión ambiental, entendiendo esto como una acción que minimiza la vulnerabilidad de los sistemas socio-ecológicos y su respuesta al cambio climático.

GESTIÓN DEL RECURSO AGUA
Como parte de las contribuciones a la gestión ambiental de Guayana se realiza actualmente un estudio de la “Gobernabilidad a escala de la Cuenca del río Caroní”, investigación enmarcada dentro de un proyecto multi-disciplinario y multi-institucional denominado “Proyecto Riesgo” promovido por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Guayana y la Estación Científica Parupa-CVG, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y otras dependencias gubernamentales.
La importancia del estudio radica en que la Cuenca del Caroní, provee el 70% de la energía eléctrica al país y se relaciona con el uso de agua para consumo doméstico e industrial debido a que también provee el 100% del agua a la ciudad con mayor población en el Estado Bolívar, Ciudad Guayana, ubicada en el Municipio Caroní, del pueblo indígena Pemón cuya población está predominantemente asentada en la cuenca alta y media, así como de otras ciudades importantes como Ciudad Bolívar en el Municipio Heres, aún cuando se encuentran fuera de la cuenca.
Se partió de la premisa de que las acciones emprendidas para la gestión del agua a nivel de la cuenca en el pasado fueron accionadas a través de instituciones como la Electrificación del Caroní, la Corporación Venezolana de Guayana y el Ministerio del Ambiente. Sin embargo en la actualidad el escenario para la gestión del agua en la cuenca del río Caroní es cambiante, a consecuencia de actores sociales emergentes.
Como avances de la investigación se tiene que:
  1. Existe un reto para garantizar la articulación y el surgimiento de acciones colectivas para la gestión de la cuenca a partir de la inclusión de universidades, comunidades multiculturales y sus consejos comunales entre otros actores sociales presentes en la cuenca.
  2. La necesidad de consolidar la instrumentación de la normativa legal que surgió de la reforma constitucional de 1999, y que promueven la participación e inclusión de las comunidades, movimientos sociales, consejos comunales entre otros actores en los tres  niveles de la escala de la cuenca del río Caroní (local, regional y nacional).
PERSPECTIVAS EN GUAYANA
Son muchos los estudios, planes, programas y modelos de gestión ambiental que se han concebido en Guayana para atender al sector industrial, la conservación de una cuenca, la administración de áreas especiales entre tantos otros ejemplos, sin embargo las  reflexiones ofrecidas en este articulo llaman a construir acciones efectivas en base a procesos participativos cuyo ejercicio en la actualidad ha dado logros significativos en terrenos de la gestión de políticas públicas en el estado Bolívar; a una apropiada articulación de instituciones y comunidades, y sin duda a la continuidad del desarrollo científico, tecnológico e innovación que tanto sectores productivos, organismos de gobierno y universidades locales y nacionales vienen aportando para la gestión ambiental en la región.
No obstante en el mejor de los casos una gobernabilidad plausible en la gestión ambiental, se fundamentará en la capacidad que tengan los actores socio-políticos para idear propuestas que surjan de análisis multi-sectoriales, multi-actores y multi-escala coherentes entre sí, capaces de producir elementos que sirvan para el reconocimiento de la problemática local de forma contextualizada cuyo objetivo común sea proteger a los ecosistemas, sus funciones y demás elementos vinculados al desarrollo sustentable de Guayana.
La escala en la Gestión Ambiental
La escala desde una perspectiva institucional, se centra en la aplicación de las políticas vistas como un instrumento para el análisis del problema y su solución y cómo estas políticas son transferidas o vistas de un nivel a otro,  dentro de una misma escala o entre varias escalas que sin duda permiten el análisis en la gobernabilidad de los procesos de gestión ambiental.
Es conveniente, entender el por qué un análisis del problema y su solución muchas veces requieren transcender o ser visto desde una escala a otra en el análisis institucional, cuya premisa es que los problemas y sus posibles soluciones deben ser abordados en los niveles apropiados para la gestión basados en la realidad local, como una acción de empoderamiento o como un mecanismo participativo para la comprensión de los problemas locales, sus patrones y sus intereses.


La aplicabilidad de las leyes ambientaes
Articulista 
Carlos Mora Vanegas es Ingeniero y Administrador, Profesor Titular en el Área de estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo.
En 1976 se promulga la Ley Orgánica del Ambiente a la cual sigue, en 1992, la Ley Penal del Ambiente, sin contar que en 1977, Venezuela se convierte en el primer país de América Latina en tener un Ministerio del Ambiente.
Venezuela posee una legislación ambiental bien moderna y ambiciosa. Es más, desde el principio la actuación del país ha destacado como una de las más avanzadas en la materia. Pero en la realidad se presentan muchas interrogantes, especialmente en su aplicabilidad, por ejemplo: ¿Por qué no se le presta la atención necesaria al cuidado de nuestro medio ambiente? ¿Qué es lo que lo evita? ¿Hay realmente un compromiso de las empresas en cumplir la ley? ¿Qué es lo que lo impide? ¿El por qué no de su eficacia? ¿Se aplica realmente lo que sus artículos especifican?
Lo cierto es que, en su aplicabilidad se nota incapacidad de hacer operativas todas las leyes, normas y decretos por motivos como, la falta de preparación y de una base ética profesional que establezca el rol ambiental en las empresas.
No obstante, como lo leemos constantemente en la prensa, en los distintos medios de de comunicación se exponen quejas, protestas por parte de las comunidades, población sobre la contaminación del medio ambiente en donde operan muchas empresas. Es decir, la sensibilidad de la población está creciendo; existen algunos esfuerzos educativos interesantes y los medios de comunicación masiva se ocupan cada vez más del tema.
Aun cuando la resonancia no es tan grande como en los países industrializados, definitivamente estamos prestando más atención a la gestión ambiental. Esto significa que ya existe una premisa importante, que se hace operativa en el momento que la cultura venezolana esté frente a otra, diferente.
A todo ello, cabe señalar, que la cultura ambiental de las empresas no se debe únicamente a un compromiso ético, sino que es, y debe ser, motivada en gran parte por el Estado quien está llamado a velar, con una serie de políticas, por la conservación del medio ambiente.
Allí se enmarcan las leyes, decretos, normas, en fin todo el contexto legal, dentro del cual se mueven las empresas. Pero también no debe olvidarse el contexto socio-cultural, donde por un lado la educación y, por el otro, la opinión pública y la intervención de los medios masivos de comunicación juegan un importante rol de formación y vigilancia.
En Venezuela, a pesar de existir una legislación de protección al ambiente comparable a la de algunos países desarrollados, se confrontan problemas serios de lesión al ambiente, particularmente en lo relativo a la generación de contaminantes provenientes de emisiones, residuos tóxicos, y accidentes en el transporte y el almacenamiento. Esto se deriva, en parte, de la debilidad de los mecanismos de control para hacer cumplir la legislación y de un bajo interés por parte de la opinión pública por estos asuntos.
No obstante, hay que señalar que el Estado no ejerce plenamente su papel regulador, debilitando el cumplimiento de la ley penal del ambiente en los procesos productivos de empresas venezolanas, y cada vez más se observa el surgimiento de inquietud y preocupación por parte de la comunidad, así como la disposición de algunas asociaciones empresariales y empresas.
La importancia que toma la gestión ambiental en los procesos productivos de las empresas, conlleva a crear conciencia sobre la conservación de los recursos naturales. En este sentido, resulta imprescindible conocer los niveles de capacitación tecnológica que presentan las empresas que componen un sector industrial venezolano, la infraestructura de tratamiento y disposición de desechos que poseen y las diferencias en los ritmos de adopción de prácticas de gestión en calidad y ambiente; con la finalidad de poder identificar los principales factores que condicionan la adopción de tecnologías ambientalmente compatibles y comprender, cabalmente, los procesos de aprendizaje que esto lleva implícito.
Se debe tener presente, que las posibilidades de progresar en materia ambiental, bien sea a través de la mejora continua de las prácticas productivas existentes, o a través de la implantación y/o desarrollo de tecnologías limpias, dependen del nivel de desarrollo tecnológico de las empresas.
En muchas de las empresas del país, especialmente Pymes, su tecnología deja mucho que decir y propician a través de sus procesos, la contaminación.
La Ley Penal del Ambiente tiene la finalidad de tipificar como delitos los hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y establecer las sanciones penales correspondientes. De igual manera, determinar las medidas precautelativas, de restitución y reparación a que haya lugar.
A todo ello se agrega, los Códigos Voluntarios de Gestión, son iniciativas generalmente de carácter privado orientados al mejoramiento continuo de su gestión ambiental, basados en esquemas de autorregulación y autogestión.
Concretamente, en Venezuela se ha iniciado el proceso de adopción de algunos de estos códigos como es el caso de Responsabilidad Integral. También se ha comenzado la implementación de algunas de las Normas ISO 14000, en particular lo que hace referencia a los Sistemas de Gerenciamiento Ambiental. El desarrollo de estos códigos responde a esfuerzos individuales, y no a una estrategia nacional en este sentido. Además, en esta etapa han sido las grandes empresas del país.
Además del exceso de consumo, Venezuela presenta graves problemas de contaminación de fuentes de agua. La extracción de petróleo, el procesamiento de alimentos, las industrias textiles y las industrias pesadas de hierro y aluminio, son y han sido actividades productivas altamente contaminantes en nuestro país.
Los sistemas de tratamiento de desechos tóxicos han sido implantados solo de manera parcial. Sin embargo, aun cuando se instalasen los debidos sistemas de tratamiento de agua, hay contaminación acumulada de muchos años que debe ser tratada con tecnología que resulta altamente costosa.
La asistencia de organizaciones internacionales y de los multilaterales es vital en este aspecto, y debe ser perseguida.  El Gobierno venezolano debe identificarse más con que se cumpla la Ley Penal del Ambiente dentro de sus normativas, artículos, demandar a las empresas su responsabilidad, sancionarlas de ser necesarias y evitar que se dé la corrupción, evitando las multas, sus cierres, por lo que ello puede representar como beneficio individual a los encargados de su cumplimiento.


Empresas de Guayana requieren un plan estratégico ambiental
Articulista
Luis Guzmán Balbás es Biólogo con Maestría en Ciencias Ambientales. Profesor e Investigador del Centro de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UNEG. 
Es indudable que uno de los factores claves para el desarrollo de una sociedad, lo constituye su plantel industrial, generador de bienes y servicios, que satisface las crecientes necesidades ciudadanas y propicia con ello, un mejoramiento progresivo de sus niveles de calidad de vida.
Para el logro de este objetivo, es indispensable considerar la dimensión tecnológica para producir con eficiencia, sin afectar significativamente la calidad medioambiental.
En este contexto, se puede afirmar que toda organización empresarial que técnicamente se considere como “contaminadora”, es altamente probable que su eficiencia, productividad y rentabilidad dejen mucho que desear; lo cual es limitante no solo para lograr el objetivo antes enunciado, sino para acceder y mantenerse competitivamente, en los complejos y dinámicos mercados internacionales.
De estas afirmaciones se desprende la importancia que en el mundo empresarial contemporáneo, ha adquirido la necesidad de diseñar y ejecutar un Plan Estratégico Ambiental (paralelo al Plan Estratégico de Negocio), que se constituye en una  palanca para la competitividad de las organizaciones.
En la fase de diseño y ejecución del referido Plan, se utilizan novedosas herramientas de Gestión Ambiental pública y empresarial, entre las que destacan las de la Ecoeficiencia y Producción Limpia, Ecología Industrial, Análisis de Ciclo de Vida, Eco-condicionamiento, normas para la certificación de la actuación medioambiental, impuestos sobre emisiones atmosféricas, etiquetas ecológicas, marketing verde, entre otros.
Estas consideraciones se traen a colación, en contraste con la casi marginal y frecuentemente distorsionada visión de la variable ambiental, adoptada en la cultura administrativa de nuestras empresas básicas de Guayana.
En estas empresas, se han desestimado los significativos riesgos ambientales y a la salud derivados de las particulares materias primas y procesos que allí se utilizan, para la fabricación de sus productos, condicionando la aparición de importantes problemas de contaminación atmosférica, de las aguas y de los suelos en su área de influencia.
Numerosos e importantes son los casos que ilustran tal situación: altos niveles de  emisión de Partículas Totales Suspendidas (PTS), Polvo Sedimentable y numerosos tipos de gases (fluorados, sulfurados, CO y CO2); generación de efluentes líquidos con elevados valores de coliformes totales y fecales, aceites y grasas, fenoles, aluminio, hierro, detergentes, sólidos totales y suspendidos, plomo y cianuro; licor cáustico en las lagunas de Lodos Rojos, brea residual de alquitrán, desechos catódicos, Bifenilos Policlorados (PCB’s), aceites gastados y lodos tóxicos. Algunos de estos problemas,  pueden considerarse como “Pasivos Ambientales” en función de su naturaleza físico-química, volumen almacenado y/o  tiempo de almacenamiento.
Frente a esta situación, a partir del año 1998 se dio inicio a los  “Cronogramas de Adecuación Ambiental”, los cuales contemplaron la definición de una serie de compromisos de dichas empresas con el Estado venezolano, en lo relativo a la precisión de los problemas ambientales específicos de cada una de ellas, la estrategia tecnológica a utilizar para su solución, el tiempo a emplear para ello y, el monto de las inversiones a ser aplicadas; todo ello sustentado en la profusa legislación ambiental existente en el país para la época.
Es importante destacar que una alta proporción de las empresas del Estado ubicadas en la Zona Industrial “Matanzas”, fijaron en tres años el compromiso de finiquito de sus cronogramas; lo cual fue incumplido en todos los casos hasta la fecha; salvo algunas excepciones parciales, tal como  la “Constancia de Cumplimiento en el Manejo de Materiales Peligrosos Recuperables y Desechos Peligrosos” otorgada por el  Ministerio del Ambiente (Minamb), a la firma Siderúrgica del Orinoco, C.A, bajo la administración del Consorcio Amazonia, en abril de 2003 y, la solicitud al respecto formulada por CVG-Venalum, en el año 2004. Se desconoce de la correspondiente respuesta y su tenor por parte del Minamb.
Desde el punto de vista de administración del ambiente, lo que ha ocurrido es un proceso continuado de otorgamiento de prórrogas por parte del Estado Venezolano, con la consecuente permanencia y agravamiento de los problemas existentes y, reaparición de otros, en su gran mayoría estrechamente vinculados con las operaciones de producción.
Esta situación ha sido el resultado a su vez, de la inexplicable y prolongada desinversión que ha sufrido el plantel industrial de Guayana, lo cual ha desencadenado una peligrosa crisis operativa, financiera y ambiental en las empresas, con resultados de pronósticos reservados, que incluyen la permanente transgresión de la normativa ambiental y aplicación alguna del régimen sancionatorio en ella previsto.
Entre las consecuencias económicas de tal retraso financiero, se menciona la significativa inversión estimada por los técnicos del MIBAM-CVG para cubrir los requerimientos de los cronogramas para el período 2009-2013, la cual alcanza la cifra de BsF. 1.359.600.228,05.
Finalmente, me permito reiterar la necesidad de asumir una posición cónsona con el enfoque complejo del medio ambiente, adoptado por las organizaciones empresariales del mundo moderno, incorporando la existencia de un mercado ambiental en rápida expansión, que crea enormes oportunidades para concretar negocios y generar empleos adicionales; mejorar la imagen organizacional y la calidad de la interacción empresa-entorno e incrementar las posibilidades de acceso al financiamiento, facilitando la adopción de los principios de la Responsabilidad Social Empresarial.
De esta manera, se podría incrementar la posibilidad de transformar los riesgos socio-ambientales existentes, en oportunidades para el crecimiento socio-económico de la región y el país, viabilizando de este modo el paradigma del Desarrollo Sustentable.
 

Hacia una gestión eficiente de las aguas servidas en Ciudad Guayana
Articulista
Jorge Yánez Caires es ingeniero industrial con post grado en Francia en Administración de Empresas y Máster en Investigación y Desarrollo.
El Lago de Macagua, en el río Caroní, con una superficie de 47,4  Km2, se creó a partir de la construcción de la central hidroeléctrica que lleva ese mismo nombre, de manera que el comportamiento como río pasó a parecerse más al de un lago, del cual fluye un promedio de 3.500 mt3/seg., que es el caudal exigido por las turbinas de la central hidroeléctrica.   Las propiedades  de autodepuración del río se vieron disminuidas al reducir la velocidad del mismo.
En nuestra ciudad,  se presenta una situación que debe ser tomada en cuenta muy en serio, pues puede tener incidencia en la salud de la población. Debe ser difundida, estudiada y hecha pública de manera perentoria. 
La ciudad se sirve del agua extraída del lago de Macagua, a través de dos tomas, la del acueducto industrial cuyas aguas son tratadas parcialmente, con la cual se sirve al sector oeste de la ciudad (zona industrial), las cuales serán tratadas con mayor rigor al concluir la planta de tratamiento que se encuentra en este momento a un 70% de construcción. 
La otra toma denominada Toro Muerto, suple a la zona este de la ciudad y cuenta con una planta de tratamiento de agua potable.  La situación de preocupación se genera, por el hecho de que una buena parte de las aguas servidas  de la ciudad, sin ningún tipo de tratamiento, son vertidas a ese mismo lago.
Ciudad Guayana cuenta con aproximadamente 900.000 habitantes de los cuales el 35% habita en Puerto Ordaz, es decir estamos hablando de 315.000 personas. De las aguas servidas generadas por ese grupo de habitantes, un tercio - es decir las generadas por unas 105.000 personas-, son depuradas en la planta de tratamiento de Los Olivos la cual procesa 700 lt/seg.
Las aguas servidas de aproximadamente 210.000 personas,  (dos tercios) que habitan en el sector oeste de la ciudad, caen directamente sin ningún tipo de tratamiento al lago de Macagua  y las descargas están aguas arriba de la planta de tratamiento de agua potable de Toro Muerto.  Es decir que la corriente las desplaza hacia esta toma de agua.
Existe el proyecto para la construcción de la Planta del Oeste, para tratar estas aguas servidas, sin embargo no se conoce  fecha cierta para su construcción.  Por otra parte el sector en el cual tiene que ser construida, -ya que allí llegan los colectores existentes-, ha sido invadido desde hace ya más de un año, sin que las autoridades hayan decidido desalojar a los invasores.  Esto dificulta la factibilidad de su ejecución. 
Construirla en otro sitio, implicaría erogaciones importantes, desechando las inversiones ya realizadas. Otro aspecto preocupante, es el relacionado con los controles periódicos de calidad del agua en el Lago, ya que pareciera que se han dejado de hacer por parte de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de Edelca, o en todo caso, los resultados no se han hecho públicos.  Esta última ha venido tradicionalmente ocupándose del tema por tratarse del río Caroní. 
De manera que no se puede determinar si los niveles de bacterias y coliformes fecales  están dentro de los parámetros permitidos por las normas sanitarias, para poder ser potabilizados.  Tesis de Grados y estudios sanitarios realizados desde finales de los años 90  y hasta el año 2010, plantean el incremento del deterioro de la calidad del agua del lago y la prioridad sanitaria de construir la planta del oeste.
Han transcurrido once años de continuo deterioro y no se ha hecho nada, lo que sí ha sucedido, es un crecimiento acelerado de urbanismos e invasiones en el lado oeste de la ciudad, lo que se traduce en un mayor caudal de aguas servidas sin tratamiento que son vertidas al lago.
El problema planteado tiene una importancia de primer orden para la salud de la población, dada la calidad del agua que se está potabilizando para abastecer a la ciudad, que es la misma en la que cientos de personas se bañan en los diferentes balnearios del Lago. 
La responsabilidad  sin lugar a dudas es del Estado a través de la Corporación Venezolana de Guayana;  Ministerio del Ambiente;  Hidrobolívar (joven empresa del estado Bolívar, la cual sin lugar a dudas ha hecho y sigue haciendo un importante esfuerzo en el sentido de dotar de agua potable a sectores que no tenían dicho servicio, consumiendo grandes cantidades de cloro para poder llegar a los niveles exigidos para el agua potable) y la Alcaldía del Municipio Caroní.  
Pero sobre todo, la población organizada debe exigir mayor información y acciones concretas de saneamiento. Las universidades locales están llamadas a ejercer un rol importante en esta temática.  Debemos entender que es un problema de todos.  Y es por eso que debemos exigir mayor información al respecto para poder solicitar y lograr que se tomen decisiones concretas que hagan desaparecer dicha problemática.
De no tomarse medidas a corto plazo, para verlas hechas una realidad a mediano plazo, podríamos presenciar consecuencias negativas de gran impacto en nosotros, y en las futuras generaciones.


Desarrollo y energía
Articulista
Johnny Chacón Natera es Ingeniero Geólogo graduado en la UDO. Profesor y Coordinador del Programa de Formación en Gestión Ambiental de la UBV Núcleo Bolívar.
Desde la creación del planeta, en manos del diseñador perfecto (Dios),  la humanidad es y será la responsable de todos los medios naturales incluyendo sus recursos llamados no renovables.
Históricamente, la relación entre desarrollo de la humanidad y el ambiente natural ha sido antagónica. Numerosos “problemas globales” y locales son testigos de este conflicto. 
A partir del reconocimiento de la crisis ecológica que afecta, tanto a las economías de los llamados países desarrollados, como al eufemísticamente llamado mundo en desarrollo, y las críticas sociales que esto ha generado desde la década de los sesenta hasta ahora, se ha presenciado un giro importante hacia la reconciliación entre el desarrollo y la protección del ambiente natural como respuesta a la crisis.
La energía ha desempeñado y lo sigue haciendo, un papel importante en el desarrollo de los seres humanos y constituye un aspecto estratégico de cualquier economía, se vincula directamente con el desarrollo local, territorial y regional, repercutiendo en forma directa sobre el medio ambiente, poniendo en juego la sustentabilidad de un desarrollo armónico.
Venezuela no escapa de esta realidad, La reciente crisis energética en el año 2010, es una muestra clara que por las vías tradicionales ya resulta difícil satisfacer la demanda de las localidades conectadas a la red del sistema nacional distribución y a esto, hay que adicionar que en nuestro país existen comunidades remotas o aisladas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica
En el caso específico del estado Bolívar que cuenta con una extensión geografía de 238.000 Km2, representando el 26,24% del territorio venezolano y una población del 5% del total de los venezolanos, distribuido es toda esa extensión; resulta muy poco probable satisfacer la demanda de energía por la vía tradicional de distribución conectados al sistema nacional.
Es por ello que resulta necesario el desarrollo de otras fuentes de energías más armónicas con el medio natural, que las energías de fuentes fósiles. Las llamadas energías renovables representan una alternativa probable a pesar del cuestionamiento de las energías alternativas, ya sea por el costo de la inversión inicial o por la falta de información sobre su aplicación y uso en el país.
Experiencias como las de la Isla Fajardo, ubicada a escasos nueve kilómetros de la ciudad de San Félix, no cuenta con suministro de energía procedente de la red nacional de distribución, lo que ha permitido visionar las energías alternativas como una fuente importante parta la generación de energía.
La energía fotovoltaica en este caso en particular, ha representado un aporte fundamental para el desarrollo de la población manteniendo suministro de energía y la presentación del medio natural, aportando energía al dispensario de salud y colegio de la comunidad con 0% de emanaciones de gases o contaminantes sólidos al medio natural circundante. Lo anterior lleva a la necesidad de incluir las energías alternativas en los planes de gestión ambiental de una región como Guayana.


Construyendo un modelo factible para la región

Articulista
Carlos Maytin es Geógrafo con Maestría en Ecología Tropical. Docente-Investigador (UNEG) y responsable de la Línea de Investigación en Gestión Ambiental Pública del Centro de Investigaciones en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
La Universidad Nacional Experimental de Guayana a través del Centro de Investigaciones en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable (Cigads), se ha planteado entre sus objetivos estratégicos desarrollar investigaciones, formar recursos humanos y generar propuestas de solución a la problemática de gestión ambiental de la región.
En nuestro caso abordamos la Gestión Ambiental Pública realizada por diferentes actores públicos: Ministerio del Ambiente (Minamb), gobernaciones, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), alcaldías y por organizaciones sociales como los consejos comunales y, más recientemente las comunas. Conceptualizamos así la siguiente red de problemas de investigación:
La región adolece en espacios críticos de planes de ordenación del territorio participativos y evaluados estratégicamente, según diversos escenarios (incluyendo los de cambios climáticos), aunque se considera un avance la propuesta de plan de ordenamiento y reglamento de uso que el Minamb ha hecho para el caso de la cuenca del río Caura y sus áreas de influencia adyacente. Tampoco se cuenta con planes decretados de desarrollo urbanístico (POU) y de desarrollo urbano-local (PDUL) para las principales ciudades, en un contexto territorial real con procesos de ocupación no planificada de espacios urbanos, que en casos como el de Ciudad Guayana, se complementan con un desarrollo urbano-industrial (pero un parque tecnológicamente obsoleto y en buena medida contaminante), y graves problemas de disposición final de desechos; mientras que en el medio rural es común problemas asociados a la minería ilegal y la expansión no controlada de la frontera agrícola y pecuaria a expensas de importantes ecosistemas boscosos.
En general, heredamos los efectos ambientales negativos de un modelo de desarrollo territorial no favorable a las grandes mayorías, evidenciado por ejemplo en la problemática de vivienda de muchas familias venezolanas reconocidos hoy en día por el Estado venezolano, agudizado por las recientes inundaciones que han afectado al país, producto de los efectos de años de deforestación irracional de cuencas hidrográficas medias y altas de importantes ríos venezolanos.
No obstante, se han hecho esfuerzos de mejoras junto a las comunidades que ha derivado en un mejoramiento de las condiciones de vida en aspectos tales como abastecimiento de agua, infraestructura de áreas residenciales urbanas que tradicionalmente no recibían atención en cuanto asfaltado, iluminación, pintura de exteriores y mayor limpieza de las principales calles y avenidas.
De esta red básica de problemas surge entonces como interrogante lo relativo al modelo de desarrollo territorial-ambiental deseable-factible para la región y su área de influencia, que sistematizamos tomando como referencia los artículos 128 y 129 del capítulo de los Derechos Ambientales de los venezolanos según la Constitución Nacional, relativos al desarrollo de una política de ordenación del territorio por parte del Estado venezolano con la participación, consulta e información de la población y a la obligatoriedad de que todas aquellas actividades humanas susceptibles de generar impactos ambientales, cuenten con las correspondientes evaluaciones ambientales y socioculturales. 

En este sentido, y como ejemplo de propuestas derivadas de esfuerzos de investigación institucional con participación comunitaria, mostramos en la figura 1 un mapa con la distribución espacial de medidas de gestión territorial y ambiental que aplicadas de manera coordinada por diferentes actores públicos como la Alcaldía del Municipio Caroní, la Gobernación del Estado Bolívar y la CVG, con participación de la comunidad, ayudarían a enfrentar la problemática derivada del vertedero de desechos de la ciudad, de las lagunas en donde se depositan lodos rojos y soda cáustica generados en la producción industrial de alúmina e inclusive, de problemas generados por una población local creciente que ha ido en el tiempo, ocupando de manera no planificada espacios que, en algunos casos, dificultan al propio Estado venezolano, garantizar condiciones de vida adecuadas.   

PROPUESTAS
Podríamos ampliar ejemplos de propuestas derivadas de nuestras investigaciones, destacando sistemas de información ambiental de asentamientos no consolidados de Ciudad Guayana, modelos-SIG de sensibilidad ambiental para el Parque Nacional Canaima, así como esfuerzos conjuntos con otros centros de investigación de la UNEG y organizaciones indígenas locales de la cuenca del río Caura, tales como Kuyujani, con el fin de apoyar modelos de ordenación del territorio, congruentes con la preservación de los modos de ocupación y uso de las tierras ancestrales de la cuenca.
Recientemente (octubre del año pasado) se coordinó un congreso internacional sobre los efectos ambientales y territoriales derivados de las crisis recurrentes del sistema capitalista mundial en diferentes países de América Latina, evento que auspiciamos desde una red originada en la UNEG denominada Red-Observatorio Latinoamericano de Ordenación Participativa del Territorio (Rolopt), y que permitió como ejemplo del deber ser socio-inclusivo en materia de investigación científica, bajo nuevos paradigmas, el que miembros de comunidades rurales de la Guayana venezolana presentaran la ponencia-conferencia magistral de cierre del evento, discutiendo con asistentes nacionales e internacionales las implicaciones y progresos que vienen realizando para la conformación de una comuna con criterios de sostenibilidad territorial-ambiental.
Podemos concluir entonces que, si bien se presentan problemas ambientales en la región, se ha venido ganando en conocimiento, formación del recurso humano y diseño de propuestas que estamos seguros, de continuar siendo apoyadas, rendirán sus frutos en el mediano plazo en pro de su desarrollo sostenible.
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