La evaluación que cada año realiza esta organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, revela que “los planes anunciados por el gobierno no arrojan los resultados esperados”
Minería, rustiqueo y contaminación del aire, son los tres problemas ambientales del estado Bolívar, que destacan en el informe anual del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
El estudio recoge los resultados de una investigación interdisciplinaria, llevada a cabo entre octubre 2010 y septiembre 2011, sobre los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en 19 derechos humanos, entre ellos, el derecho a un ambiente sano enmarcado en el artículo 127 de la Constitución Nacional, el cual reza: Es una obligación del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos de conformidad con la ley.
Provea es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa.
POLÍTICA AUSENTE
El informe señala que la situación del derecho al ambiente se caracterizó “por la ausencia de una política integral y sistemática para afrontar la situación ambiental en el país”. Asimismo, califica la conducta del Estado venezolano como “contradictoria, puesto que mientras adopta algunas medidas positivas, otras por el contrario continúan contribuyendo a la degradación del medio ambiente”. Insiste en que “persiste la descoordinación institucional entre las instancias de alcance nacional y entre éstas y las instancias de carácter regional y municipal”.
SIN RESULTADOS
La publicación enfatiza los daños al ambiente que “una vez más”, la extracción de la minería legal e ilegal ocasiona en la región Guayana, sin que los planes anunciados por el Gobierno nacional arrojen los resultados esperados. Subraya que “la falta de información oficial al respecto dificulta la labor de contraloría de las organizaciones sociales y de las comunidades indígenas”.
Al respecto, Provea recoge el diagnóstico que hace la organización Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (Ciev), acentuando el efecto devastador de la minería ilegal en el río Caura, segundo afluente en importancia del Orinoco, lo que “ha generado la protesta y las movilizaciones de pueblos Yekuana y Sanema desde la primera incursión en el año 2006, sin que hoy el Estado venezolano haya ejercido una respuesta real, efectiva o sostenida en el tiempo; existiendo en la actualidad campamentos de extracción aurífera en el Alto Caura que no han cesado su accionar…Con el avance aurífero en la zona se tiende irreversiblemente a la desaparición de más de dos mil 600 especies de plantas presentes en la cuenca, ‘sin que nadie se entere’. Un Patrimonio Natural nacional reconocido y protegido por el Estado bajo cinco figuras jurídicas ambientales que poco han valido ante los grupos organizados de la explotación y contrabando de minerales preciosos”.
En cuanto a decisiones ministeriales, el informe destaca la Resolución Nº 12 del 04.03.11, que prohíbe la práctica conocida como “rustiqueo” en los parques nacionales y monumentos naturales. De igual forma, aprueba las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a solicitud de la Defensoría del Pueblo, las cuales impiden “la realización de cualquier tipo de carrera o válida que involucre el empleo de vehículos rústicos o motos o cualquier otro medio de tracción a motor en campos abiertos no aptos para tales actividades”. Cabe destacar que esta actividad constituye uno de los graves problemas ambientales del Parque Nacional Canaima, al ocasionar la pérdida de la capa vegetal y la erosión de suelos frágiles, con la consecuente degradación del paisaje.
Respecto al índice de calidad del aire, el informe de Provea señala que Ciudad Guayana presenta una condición “regular”, según se desprende de los datos que presenta el Sistema de Indicadores y Estadísticas del Ministerio del Ambiente.
Los datos
54% de superficie del país es bosque
109.816,9 ha de superficie afectada por incendios
748 especies de fauna amenazadas
341 especies de plantas amenazadas
11,8 % especies de peces en peligro de extinción
171,5 millones de toneladas de dióxido de carbono
32 rellenos sanitarios en el país
294 vertederos no controlados


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