Canaima requiere una agenda común


El nuevo enfoque de manejo de recursos naturales en el PN Canaima demanda “el reconocimiento pleno de los derechos indígenas consagrados en el marco jurídico”.
Así lo plantean Mariapia Bevilacqua, Lya Cárdenas y Domingo Medina, científicos de la Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales

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Luego de creado, el 12 de junio de 1962, el Parque Nacional Canaima (PNC) exhibe una afectación de sus recursos naturales que requiere, a juicio de los científicos, una agenda común que permita conciliar políticas de desarrollo local con los principios de la conservación ambiental.
Mariapia Bevilacqua, Lya Cárdenas y Domingo Medina, investigadores de la Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales (Acoana), explican que “la historia de aprovechamiento y manejo de recursos en la zona acumula éxitos y desaciertos, con repercusión sobre el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural”, por lo que consideran pertinente “construir un consenso político, técnico y financiero que brinde la gobernanza necesaria para minimizar los impactos ambientales, evitar la pérdida de biodiversidad y en definitiva, balancear objetivos de desarrollo local y nacional, con los objetivos de conservación”.
Un consenso que a su juicio, debe estar refrendado por los organismos gubernamentales, el pueblo Pemon y el resto de los actores regionales que hacen vida en el PNC, teniendo en cuenta que “se debe trabajar en los respectivos roles que van a jugar las comunidades locales y las agencias del Estado, con competencias administrativas recurrentes”.

CRISIS DE MANEJO
Según detallan Bevilacqua, Cárdenas y Medina, los problemas ambientales señalados en varios estudios, sugieren una crisis de manejo de los recursos naturales y la degradación de ecosistemas únicos (arbustales subtepuyanos, morichales y bosques), en el PNC debido a:
  1. Quemas recurrentes.
  2. Avance de la frontera agrícola tradicional indígena.
  3. Presión de aprovechamiento de las hojas del moriche.
  4. Caza y pesca a niveles de sobre cosecha.
  5. Contaminación de cuerpos de agua producto de la actividad turística, minera y aguas servidas de uso domestico.
  6. Aprovechamiento de recursos minerales no metálicos (roca, arena, jaspe, caolín, etc.).
  7. Patrón de ocupación concentrado y sedentario de la población indígena, comprometiendo la disponibilidad de suelos agrícolas.
RECURSO COMÚN
Para los expertos, el problema fundamental para la gestión ambiental del PNC radica en la condición de recurso común de los recursos naturales más importantes del área (agua, sabanas, bosques, suelos, fauna, flora y minerales). De tal forma, que “el desafío para la conservación de recursos comunes radica entonces en establecer reglas claras y legítimas de uso, que prevengan el aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales y beneficien a todos los actores interesados, así como establecer los incentivos y desincentivos apropiados para que dichas reglas se cumplan”.
Agregan que el éxito en la conservación dependerá de una serie de factores, entre ellos: la participación amplia de actores interesados, el reconocimiento de derechos, el sentido social y comunitario, la homogeneidad de los grupos de interés, su dependencia sobre el recurso, estructuras y técnicas de manejo adaptativo de los recursos, así como costos y beneficios de conservación compartidos de manera justa y equitativa; el conocimiento y el entendimiento de la localización y distribución espacial de los recursos naturales, especialmente biodiversidad, su estado de conservación, así como diagnóstico de oportunidades y amenazas, para su aprovechamiento sustentable.

“La legitimidad en la coexistencia de áreas protegidas y hábitats indígenas somete a los recursos naturales a un régimen de derechos de propiedad mixto, tanto de dominio privado de un colectivo (ya sea un pueblo, comunidad o conjunto de comunidades indígenas), como de dominio estatal o público de la República (propiedad de la Nación, áreas protegidas)”.
AGENDA COMÚN
Bevilacqua, Cárdenas y Medina insisten en la construcción de una agenda común entre las comunidades locales y el Estado, “basados en las necesidades e intereses de cada quien y una estructura dentro de la cual los mecanismos de participación, negociación, toma de decisión y consulta, se construyan, se desarrollen, se legitimen y se cumplan, respetando la autonomía política de cada comunidad, sin menoscabo de las estructuras tradicionales de toma de decisiones”.
En tal sentido, precisan que el nuevo paradigma de conservación “debe empezar por identificar las agendas de sustentabilidad de actores interesados y afectados, y aquellos que le son propios a las agencias gubernamentales de manejo de recursos”.
Sin embargo, advierten que “el concurso de la voluntad política es crítico para establecer nuevos arreglos institucionales que definan, negocien y acuerden reglas de apropiación y exclusión de usuarios a los recursos naturales, donde los mecanismos de control, sancionamiento y estructuras de buena gobernanza que permitan compartir la autoridad y responsabilidad a nivel local, así como compartir los costos de la conservación y el desarrollo de manera justa y equitativa”.
Consideran que “sin esa voluntad política, desde el nivel individual hasta el nacional, los recursos naturales del PN Canaima seguirán siendo un recurso común sujeto a extracción y uso sin control eficiente, con la consecuente pérdida de biodiversidad y el desenlace inevitable de una crisis ambiental irreversible, de magnitud impredecible”.
Fuente consultada: Señaris, J. C., D. Lew y C. Lasso (eds.). 2009. Biodiversidad del Parque Nacional Canaima: bases técnicas para la conservación de la Guayana venezolana. Fundación La Salle de Ciencias Naturales y The Nature Conservancy. Caracas.
Relaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Para los científicos de Acoana el manejo de recursos naturales del Parque Nacional Canaima “demanda un nuevo enfoque en procura de objetivos de conservación y desarrollo sustentable”, el cual debe responder “a las nuevas relaciones entre áreas protegidas y tierras y hábitats indígenas”, e incluir los siguientes aspectos:
I: El reconocimiento pleno de los derechos indígenas consagrados en el marco jurídico.
II: Incorporar la dimensión intercultural para estructurar un discurso de sustentabilidad, desde el pensamiento indígena y occidental, como base para construir el contexto, la convergencia y los motivos para una agenda común de conservación.
III: Debe poder atender explícitamente el canje de beneficios y costos para balancear los objetivos de conservación de la biodiversidad con las necesidades de desarrollo económico local y nacional.
IV: Valorar y validar el conocimiento tradicional ecológico, así como defender los derechos de propiedad indígena y sus sistemas e instituciones de manejo de recursos relevantes para los objetivos de conservación.
V: Crear nuevos arreglos institucionales para el manejo de recursos naturales, los cuales deben incluir: 1) demarcación y titularidad de las tierras, 2) identificación de recursos de interés a manejar, 3) ordenación del territorio, 4) derechos de acceso y exclusión al recurso natural, normas y reglas de uso, así como sanciones cultural y jurídicamente aceptables para el incumplimiento de las normas.

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