ONG ambientales piden acciones integrales para erradicar la minería ilegal


La Red ARA del país ofrece sus conocimientos y la experiencia de sus miembros en el tema de protección ambiental, “para contribuir a una gestión ambiental enfocada en el desarrollo sustentable del país”
 
La Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) considera que las acciones promovidas por el Ejecutivo Nacional mediante el Plan Caura, “representan una oportunidad para avanzar en la elaboración de un Plan de Acción Integral Nacional contra la Minería Ilegal, enmarcado en la Constitución y las leyes, con la debida participación del colectivo, especialmente los pueblos indígenas”.
Así lo dieron a conocer más de 37 organizaciones ambientalistas del país agrupadas en la Red ARA, al tiempo que solicitan “se salvaguarden los derechos humanos y la integridad de la diversidad biológica del país y que se sustente en un diálogo incluyente, que de forma efectiva, incorpore a todos los sectores afectados e interesados”.

ACCIONES URGENTES
La Red ARA exhorta a tomar acciones urgentes dirigidas a:
  • Garantizar la salud, la seguridad y el ejercicio pleno de los derechos legítimos de los Pueblos Indígenas que habitan las cuencas de los ríos Caroní y Caura, quienes aún esperan una respuesta del Ejecutivo Nacional en cuanto a sus propuestas de demarcación de territorios, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes pertinentes.
  • Asegurar la integridad de los ecosistemas naturales de la cuenca del Caura y en todas las demás zonas del estado Bolívar afectadas por la actividad de la minería ilegal como son: Icabarú, Imataca, los ríos Caroní, Supamo, Cuyuní y Yuruaní, entre otros.
  • Asegurar el respeto al ordenamiento territorial vigente, así como la participación protagónica de las comunidades indígenas, sus organizaciones y miembros de la sociedad civil en las discusiones de planes, reglamentos y propuestas de manejo de las figuras Bajo Régimen de Administración Especial.
  • Realizar un diagnóstico situacional del impacto ambiental y social de la minería ilegal en las cuencas de los ríos Caura y Caroní, como base técnica que permita orientar medidas pertinentes para evitar, mitigar, compensar y/o remediar los daños causados
Hacen un llamado al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente “a fortalecer su rol y su liderazgo en la solución de los problemas ambientales en las cuencas hidrográficas del país”.

POLÍTICA DE ESTADO
En declaraciones ofrecidas a las agencias oficiales de noticias, Alejandro Hitcher, ministro del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), aseguró que “el Gobierno Bolivariano está determinado a erradicar la minería ilegal de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro”.
Anunció que el Plan Caura es una política de Estado de manera que su ejecución será de forma permanente. “Se desalojaron los mineros que ejercían ilegalmente en estas áreas, con la asesoría y resguardo militar, policial y judicial, en compañía de Resguardo Minero del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mibam), Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios de Vigilancia y Control Ambiental del Minamb y un fiscal del Ministerio Público, con los cuales se garantiza el respeto a los derechos de estas personas”.
El ministro explicó que esta política contempla tres acciones fundamentales:
1.- Erradicación de la minería ilegal: esta acción se considera prioridad para detener la pérdida de ecosistema en el país. Acción que cuenta con una movilización de tres mil 500 efectivos militares en diferentes puntos quienes, en un trabajo conjunto, procederán a la deportación de los mineros extranjeros, mientras que los venezolanos serán desalojados y podrán incorporarse a otras actividades de reivindicación social que ofrece el Gobierno Bolivariano. Entre estas actividades de reivindicación se plantea la reconversión minera, brindándoles la oportunidad de desarrollarse en otras actividades como la agricultura y, de esta manera, dignificar su trabajo con la participación del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER).
2.- Conservación y restauración de los ecosistemas degradados: consiste en el saneamiento y limpieza de las áreas afectadas por la actividad comercial y humana que ha perjudicado el ecosistema, así como los cuerpos de agua y lagunas de las diferentes cuencas que han sido afectadas por desechos peligrosos como el mercurio. Esta acción contempla la recuperación de los suelos y estabilización de taludes con la utilización de plantas como el vetiver y el bambú, para detener la erosión producida por la pérdida de la capa vegetal, debido a las bombas de alta presión empleadas que erosionan el terreno ocasionando cárcavas y transporte de sedimentos a los ríos, lo que representa daños graves de desertificación de la tierra. Luego de recuperados los terrenos, esas áreas serán reforestadas.
3.- Desmontaje de las mafias del comercio ilegal de productos mineros: esta acción comenzará con la destrucción de pistas de aterrizaje ilícitas, empleadas para sacar el oro al exterior. Se tiene previsto crear una empresa nacional en donde el Estado tendrá el control total de la actividad minera y ecológicamente sustentable en la zona; asimismo, el Estado asumirá el control de todos los expendios y concesiones de combustible gasolina y diesel, con el objetivo de resguardar el patrimonio ambiental que tiene el país en cuanto a  biodiversidad, reservas hídricas y mineral.

VALOR AMBIENTAL
La cuenca del Caura se ubica al suroeste de Venezuela y abarca los Municipios Sucre y Cedeño del estado Bolívar. En sus 5 millones de hectáreas, la cuenca del río Caura alberga cinco áreas bajo régimen de administración especial: el parque nacional Jawa Sarisariñama, ecosistema de tepuyes (mesetas) únicos en cuyas cimas se encuentran las enigmáticas cavernas de 350 metros de profundidad vertical, con flora y fauna altamente endémica; el Monumento Natural Serranía de Maigualida e Ichún Guanacoco, además de la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, importante reservorio de agua donde se ubica la cabecera de varios ríos; y la Reserva Forestal El Caura, decretada así desde 1969 dado los valiosos bosques que posee.
Además, conserva el 17 por ciento de las especies florísticas del país y más del 32 por ciento de la fauna nacional, reportando una diversidad étnica representada actualmente por siete grupos indígenas: Ye`kwana, Sanema, Hotï, Pemón, Guajibo, Piapoco y Kariña.
Cifras
El balance del Plan Caura hasta la fecha, según declaraciones del Vicepresidente Elías Jaua en el programa de televisión Contragolpe:

118 plantas eléctricas destruidas
69.000 metros de manguera confiscadas
10.000 motores de extracción decomisados
67.000 litros de gasolina retenidos
200 campamentos mineros demolidos
8.000 mineros desalojados
5 mineros detenidos
57 extranjeros deportados

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