domingo, 25 de abril de 2010

El desafío de controlar la minería ilegal

Especialistas concuerdan en señalar que esta actividad económica adolece de un plan integral de desarrollo minero

Dicen que a la tercera va la vencida. Esta semana comenzó el tercero de tres operativos militares que se han venido ejecutando desde abril de 2006, cuando ocurrió la primera invasión de mineros ilegales en la cuenca alta del río Caura.
Las múltiples denuncias presentadas ante los organismos del Estado venezolano, por las 19 comunidades indígenas yekuana y sanema agrupadas en la Organización Kuyujani, habitantes ancestrales de estas tierras milenarias, conjuntamente con investigadores y organizaciones ambientalistas locales y nacionales, lograron que el Gobierno Nacional en pleno, relanzara un plan de control de la minería, no sólo en la cuenca del Caura sino también en los ríos Caroní y Cuyuní.
Estas cuencas, ubicadas al sur de Venezuela, constituyen la estrategia fundamental del Gobierno Nacional, para proteger la generación de hidroelectricidad del país, sin embargo sobre ellas se ciernen amenazantes el uso de la tierra con escasos criterios técnicos conservacionistas, precarias condiciones socio-económicas de los pobladores, erosión y arrastre de sedimentos, contaminación de las aguas, deforestación, conflictos de uso y escasa coordinación interinstitucional y la actividad minera sin control.
Según declaraciones del vicepresidente de la República, Elías Jaua, reseñadas por la agencia oficial de noticias ABN, el objetivo es “desplazar la acción de la minería ilegal con el relanzamiento de un conjunto de planes que ha venido desarrollando el Gobierno Bolivariano en 10 años, para preservar las cuencas de Bolívar”, ampliando las alternativas de ocupación minera “siempre que la actividad se desarrolle en las zonas permitidas, en el marco de la legalidad y la Constitución Nacional”.

POLÍTICA MINERA
En 20 años que llevan realizando investigaciones sobre la minería ilegal en el estado Bolívar, entendida como minería de pequeña escala, Darío Bermúdez y Sergio Milano, investigadores del Centro de Gestión y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), concuerdan en que el problema obedece a la ausencia de una política minera por parte del Estado venezolano.
Para Darío Bermúdez, biólogo con doctorado en Ciencias de la Salud, la mencionada política debe estar orientada hacia “la elaboración y aprobación de un plan integral de desarrollo minero con sujeción a las directrices y lineamientos del Plan Estadal de Ordenamiento del Territorio, así como también a la elaboración y aprobación de los planes de ordenamiento de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial y sus respectivos reglamentos de usos”.
Refiere que en los últimos años las actividades mineras de oro y diamante de aluvión se han estado realizando con un claro desconocimiento de los lineamientos y directrices de la ordenación del territorio y sin permisos que cumplan con la normativa ambiental. “Todos hemos sido testigos de como estas actividades se han venido desarrollando en áreas sometidas a régimen especial”.
En tal sentido, el investigador reitera que el manejo ambiental de la pequeña minería de oro y diamante de aluvión en el estado Bolívar debe realizarse “a través de una figura que maneje los problemas desde una visión holística y esto sólo lo podremos lograr desde una institución que maneje en forma clara, el concepto de la interdisciplinariedad”.
Bermúdez considera que el Estado venezolano debe ejercer un manejo y control de esta actividad garantizando un sitio con reservas probadas y promoviendo paralelamente modos de producción alternativos, pero es muy escéptico a los planes que se elaboran sin sentarse con el pequeño minero para conocer su realidad.

ENFOQUE SOCIOCULTURAL
El antropólogo e investigador de la Uneg, Sergio Milano apuesta por una perspectiva sociocultural y psicosocial sin olvidar el componente ecológico.
“Unos de los principales problemas de que ha adolecido la política minera oficial desde que la conozco, es asumir que el problema minero es de característica técnico-económicas, por tanto, que debe ser dentro de este ámbito donde se encuentra la solución. Repetidas veces hemos sugerido a las autoridades competentes que el eje de acción debe ser cultural”.
“El pequeño minero se sustenta sobre elementos culturales mágico-religiosos que es donde se organiza el proceso productivo, lo que implica que cambiar estos modos de producción chocarían con modos de ser, de pensar y de organización familiar”.
Las experiencias que ha tenido como investigador social en el área minera de Las Claritas, Km. 88 y del Bajo Caroní, así lo confirman. Aún más, Milano destaca la importancia del papel de la mujer en la organización familiar, “eso obliga a que el plan de diversificación económica tenga como eje a la mujer, es un elemento cohesionador del núcleo familiar. La mujer va a nuclear al niño y lo inserta en otro modo de producción al cual progresivamente se sumará el marido minero”.
De igual forma, considera fundamental el acompañamiento de las universidades donde los estudiantes de administración pueden organizar los sistemas de mercado y de participación del minero en un modo de producción que desconoce totalmente.
Recuerda que un trabajo suyo realizado para Edelca en 2004 sobre las zonas mineras en el bajo Caroní y el funcionamiento de las estructuras familiares, arrojaba recomendaciones sobre cómo deben ser las diversificaciones económicas para minimizar la participación de los mineros en actividades de minería e ir aumentando la consolidación de otros modos de producción.

RECOMENDACIONES
Destacan los especialistas, la necesidad de revisar las recomendaciones recogidas en el Foro Internacional de Minería en Pequeña Escala, organizado por la Uneg en 2006, entre las cuales mencionan:
1. Las comunidades mineras deben ser el centro de la atención institucional, para el desarrollo de los servicios y la promoción de actividades económicas compatibles con las condiciones y potencialidades locales, que a su vez permitan su estabilidad, permanencia y consolidación, en la perspectiva del desarrollo sustentable de la región.
2. Promover mecanismos para el financiamiento y la capacitación de los mineros en pequeña escala, desarrollando programas de estímulo a la actividad cooperativa y el acceso a créditos, así como crear un marco normativo factible de ser cumplido mediante incentivos.
3. Impulsar formas complementarias de actividad económica, incluyendo opciones agrícolas y turísticas, las cuales permitan aumentar la variedad de opciones productivas y los niveles de ingreso de las comunidades mineras.
4. Presencia del sector académico en el diseño y desarrollo de programas de investigación y seguimiento de las actividades a nivel del desarrollo de capacidades y nuevas opciones para el desarrollo; de la evaluación de tecnologías limpias, impacto ambiental y manejo de riesgos, con el propósito de establecer las bases y criterios para el logro de los mejores resultados.
Mineros legales
Los mineros ilegales esperan por un plan alternativo para el desarrollo integral de una actividad que según han dicho, llevan 200 años ejerciéndola. En el reciente foro ambiental llevado a cabo en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg),
Nellysol Matute, representante de la cooperativa minera “Los Artesanos”, que opera en la zona del Supamo-Parapapoy, dijo que el problema era que los organismos gubernamentales no terminan de legalizarlos.
“Si se dedicaran a organizarnos como pequeños mineros nosotros estaríamos dispuesto a acogernos a las normas que ellos dicten, hablándote en criollo, nosotros bailamos al son que ellos nos toquen, pero ellos tienen que unir esfuerzos para poder darle la solución a esta problemática”.
Dijo que ya tenía siete años asistiendo a foros y a reuniones con los altos funcionarios del Gobierno nacional “y jamás se nos ha dado una respuesta, porque darnos una pequeña cuota de combustible no es respuesta para nosotros, queremos es legalidad en todas las zonas mineras del estado Bolívar”.

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