Minería en los ríos Caura y Cuyuní viola el derecho a un ambiente sano

Fotos flickr.com

Así se desprende del informe que cada año entrega la organización no gubernamental Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela

La actividad minera ilegal en los ríos Cuyuní y Caura es uno de los principales problemas ambientales que destaca el Programa Venezolano Educación Acción (Provea), en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (www.derechos.org.ve).
Provea compila en esta publicación, los resultados de una investigación interdisciplinaria, llevada a cabo entre octubre 2008 y septiembre 2009, sobre los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en 19 derechos humanos en el país, entre ellos el derecho a un ambiente sano, tal como lo señala el artículo 127 de la Constitución Nacional.
Esta organización no gubernamental se especializa en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa.

CUENCAS DEGRADADAS
El informe de Provea enfatiza los problemas generados en las cuencas hidrográficas de los ríos Caura y Cuyuní, debido a la minería ilegal y la explotación maderera. Con relación a la cuenca del Caura, señala que la situación se ha “complejizado a raíz de la solicitud de declaratoria de Parque Nacional realizada por grupos ecologistas al Ministerio de Ambiente en tanto la misma ha sido rechazada rotundamente por 33 comunidades indígenas (Ye´kuana y Sánema) que habitan en el Alto Caura, quienes afirman reconocer la Reserva Forestal y su debida protección, pero que de concretarse el cambio se estaría violando el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas por el carácter restrictivo de la figura de Parque Nacional”.
Asimismo, el informe refiere el anuncio que en el mes de enero de 2009, hizo el Gobierno nacional sobre la toma de las áreas diamantíferas de Guaniamo y Las Cristinas; sin que hasta la fecha, se haya concretado la posesión en ambas reservas, presentándose los problemas de minería ilegal al sur del país.
“En ese sentido, repunta especialmente en el yacimiento de Las Cristinas, donde el limbo jurídico en el que se encuentra la empresa Crystallex y su concesión sobre el área, ha generado cada vez, mayor presencia de personas que acuden a una de las mayores vetas de oro del país”.
Detalla que, según cifras suministradas por la Guardia Nacional -institución que “afirma no tener la capacidad humana y de equipos para controlar la actividad ilegal”-, el total de mineros ilegales apostados en el sector asciende a 3000.
“Una de las principales consecuencias de esta situación, se genera en la fuerte contaminación que se evidencia en el río Cuyuní, que se convierte en el receptáculo final de la contaminación mercurial que viene desde Las Cristinas. Además, el río es afectado por la actuación de empresas que tienen concesiones otorgadas por el gobierno guyanés para la explotación de uranio”.
El informe se hace eco de las denuncias realizadas por Alejandro Lanz, director del Centro de Investigación Ecológica de Venezuela (CIEV), respecto a que “el río Cuyuní está tan contaminado por mercurio y Cianuro, que ya no hay peces y la fauna se ha visto impactada”. Con relación a esta situación, Provea enfatiza su gravedad, “si se toma en cuenta que esa es parte de la alimentación de cinco etnias venezolanas que viven en la frontera”.
El informe menciona de igual forma la grave situación que se vive en la Gran Sabana, “donde existe un número aproximado de 500 mineros ilegales que violan la legislación nacional y las directrices del Ministerio de Ambiente y que están generando daños irreparables en la corteza vegetal del Parque Nacional”. Lo anterior es sustentado por las denuncias expuestas por el director del CIEV.
Señala como ejemplo de los efectos de la contaminación al sur del país, la situación que se presenta en la población de El Callao, “donde se cerró una institución educativa por el grado de contaminación por mercurio, la cual se extendió a otras escuelas y zonas del municipio”.

RECONVERSIÓN MINERA
Respecto a la reconversión minera, el informe de Provea indica que no se ha avanzado como se esperaba, ya que el plan de reinserción laboral que se tenía previsto por parte del Estado venezolano “no ha dado resultados concretos, lo que sumado a los altos precios del oro ha generado la vuelta de los mineros a las viejas minas. Un ejemplo de ello es la situación del Municipio Sifontes, donde aparecen todos los proyectos elaborados por las cooperativas y asociaciones mineras con el estatus de congelados, sin que hayan recibido los recursos económicos para la ejecución de los mismos, y aunque se han otorgado cheques a más de 6.000 mineros en el sector de La Paragua, no se mantuvo la misma penetración del programa al resto de los sectores mineros”.

Leyes positivas
El Informe Anual de Provea resalta la aprobación de una serie de medidas y políticas que favorecen la garantía del derecho a un ambiente sano, entre las que destaca: la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, Ley de Gestión de Biodiversidad Ecológica y la Ley General de Puertos. Menciona el informe que estas leyes amplían la regulación de la acción humana sobre el ambiente y sus ecosistemas, cumpliendo con los preceptos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Añade que un elemento común a todas, y que representa una de las principales fortalezas, es la importancia que se le otorga a la participación ciudadana en la gestión y monitoreo del derecho al ambiente sano.

“Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”. Artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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