"Las leyes ambientales son inaplicables"

Venezuela se ufana de tener una legislación ambiental “casi perfecta”, pero no cuenta con los recursos, las instancias, ni la gente que los ejerza; por lo que para algunos “el Derecho ha dado respuestas muertas a problemas vivos”

“Venezuela se ufana de ser casi perfecta en cuanto a leyes ambientales, sin embargo son inaplicables”. De eso está convencida la académica María Alexandra Vásquez, miembro del comité técnico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Parece que tener rango constitucional no resuelve los problemas o parafraseando a la ex consultora jurídica de la organización ambientalista Vitalis, “el Derecho ha dado respuestas muertas a problemas vivos”.


APLICANDO SENTENCIA
Vásquez explica que “no existen las instancias administrativas que se han creado a través de los reglamentos dentro del Ministerio del Ambiente, ni existe a nivel de Ley Penal del Ambiente, los recursos, las instancias, ni la gente que ejerza el derecho a un ambiente sano, porque no hay forma de coaccionar cuando uno lleva una empresa privada por un delito ambiental. ¿Cómo haces para aplicar una sentencia?".
Enfatiza que en ninguna de las leyes o reglamentos ambientales se define lo que es el ambiente, por lo que “no está claro la postura filosófica, doctrinaria y jurídica que se va a desarrollar para la protección del ambiente; lo que influye en los desarrollos, primero doctrinales y posteriormente jurídicos y más adelante jurisprudenciales”.
La especialista en sociología jurídica, plantea la urgencia de “generar toda una doctrina, unos contenidos que puedan producir esas relaciones entre la vulneración del derecho a un ambiente sano y el mundo jurídico, no sólo por la posibilidad de entrar al mundo jurídico sino también por la posibilidad de salir con una sentencia justa”.
A su juicio, en Ciudad Guayana existen diversos derechos que son violados flagrantemente por el Estado, entre los que menciona: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los derechos indígenas, los derechos laborales y los derechos a un ambiente sano; aunque sobre este último “se evidencia un desconocimiento general sobre el tema”.

DERECHO DIFUSO
Todos tenemos derecho a un ambiente sano, al menos así lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 127, 128 y 129:

“Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida
y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado… El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las necesidades ecológicas […] de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana…Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto
ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas…”.
Incluso, la Ley Orgánica del Ambiente recoge desde 1979 este derecho y de hecho, la creación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marn) en el año 1977 fue una respuesta del Estado venezolano al ejercicio de ese derecho. Pero, ¿el tener rango constitucional, resuelve el problema?
La ex Consultora Jurídica de la organización no gubernamental ambientalista Vitalis, Mildred Real, intenta dar respuesta a esta interrogante desde una óptica positiva aunque confiesa que la mayoría de las veces, “ha logrado su fin último, regular la acción del hombre para vivir en armonía con la naturaleza. En las última tres décadas, el reconocimiento universal del Derecho a un ambiente sano es signo inequívoco de la evolución de la ciencia jurídica en función del interés social”.
Para la abogada, el derecho como expresión del poder social, “delimita las esferas de licitud e ilicitud de la acción humana mediante un sistema de normas dotadas de valor coactivo, ordenamiento jurídico dentro del cual la norma ambiental tiende a ser más preventiva debido a la naturaleza del bien tutelado”.
Real enfatiza que en un sentido amplio, la definición de términos como “ambiente” y "derechos humanos", complican su tarea de defensa, de ahí que este es un derecho considerado difuso. “¿Quiénes son los sujetos de este derecho y cuál es el objeto? Proteger y mantener el ambiente, es un derecho y un deber de cada generación, en beneficio de sí misma y de las generaciones futuras cuya existencia dependerá de nuestro legado ambiental. Es de carácter individual y colectivo. El objeto sobre el que recae la protección del derecho es el ambiente entendido en la Declaración Universal de Río sobre Ambiente y Desarrollo como la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”.
En todo caso, recalca la importancia de generar en cada ser humano la internalización del derecho a un ambiente sano.
“El Estado de derecho es un ejercicio que corresponde a cada uno de nosotros, de lo contrario, es una línea escrita carente de sentido. Sólo mediante el reconocimiento del carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos formulados, y la comprensión de los problemas y necesidades sociales podremos alcanzarlo”.

RAÍCES HISTÓRICAS
Por su parte, la geógrafa y profesora de la Ucab-Guayana, Florencia Cordero recuerda que la preocupación por la búsqueda de un ambiente libre de contaminación, tiene profundas raíces históricas en el país. “De hecho, las leyes de indias y los decretos conservacionistas del Libertador Simón Bolívar en Chuquisaca, Bolivia y Guayaquil son testimonios evidentes de esa búsqueda y preocupación”.
Luego en la década de los años 70 se desarrolla la política ambiental venezolana, con la creación
de leyes, basadas en el artículo 106 de la Constitución de 1961, en las cuales se le daba la potestad al Estado venezolano de defender y conservar “los recursos naturales de su territorio y la explotación de los mismos, estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos”.
Leyes, normas y reglamentos que requieren una fuerte voluntad política y conciencia ciudadana para su aplicabilidad. Un ejemplo que lo encontramos en nuestra región con las empresas básicas, advierte Cordero. “El mismo Estado estableció en el año 1997 una forma para que las industrias pudieran ir acometiendo las acciones y desarrollando unos sistemas para controlar esa contaminación a través de las adecuaciones ambientales, pero resulta que hay etapas que todavía no se han cumplido a pesar de haberse completado el tiempo estipulado, que era para el 2002” ¿Será un problema económico o de voluntad política?

Conciencia ciudadanaPara la especialista en sociología jurídica de la Ucab, María Alexandra Vásquez, la ciudadanía debe iniciar un debate sobre el derecho a un ambiente sano partiendo del conocimiento de lo que implica ese derecho. “Lo primero es organizarse, los ciudadanos deben comenzar a concienciarse sobre la importancia de un ambiente sano y sobre todo en su relación directa en todo lo que es el desarrollo sustentable y las consecuencias que se han venido viviendo en estas tres últimas décadas en relación a la pobreza”. Un debate que, a su juicio, debe enmarcarse dentro de tres ejes: desarrollo, democracia y pobreza “donde obviamente, se inserta la degradación a un ambiente sano”.
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