Biodiversidad vulnerada

Las muestras de diferentes especies de plantas recolectadas por dos científicos españoles en el Roraima-tepui demostraron una fuerte actividad antitumoral frente a células cancerosas de mama, pulmón y pecho. Un hecho que representa un hallazgo importante para la ciencia, pero que se ve empañado por el fenómeno de la biopiratería

Llegaron a Venezuela en mayo de 2003. Durante diez días -y sin contar con el permiso legal correspondiente-, investigadores españoles escalaron el Roraima-tepui, recolectaron semillas y hojas de plantas que no habían sido estudiadas por la ciencia y cuatro años después los resultados asombran a la humanidad.
Las muestras recolectadas por científicos de la Universidad de Almería (España) demostraron una fuerte actividad antitumoral frente a células cancerosas de mama, pulmón y pecho. Un hallazgo que acaba de ser dado a conocer en el Congreso de la Phytochemical Society of Europe celebrado la semana pasada en Cambridge, Reino Unido. Un hecho que representa un hallazgo importante para la ciencia, pero que se ve empañado por el fenómeno de la biopiratería, una práctica de vieja data que perjudica principalmente a los países en desarrollo como Venezuela, ricos en biodiversidad, beneficiando a los países desarrollados que al final de cuentas son los que disponen de la tecnología apropiada para realizar este tipo de investigaciones. En nuestro país no existen estadísticas que señalen con qué frecuencia suceden estos eventos de biopiratería.
El Ministerio del Ambiente, organismo encargado de velar por la conservación de nuestro patrimonio biológico, conjuntamente con la organización ambientalista venezolana Vitalis conformó un grupo de investigación que permitió identificar en marzo de 2006 varios casos de biopiratería, entre ellos, uno ocurrido con microorganismos que fueron extraídos sin ninguna autorización de los tepuyes Roraima y Kukenán, y que también resultaron tener potencial como anticancerosos. Pero desconocían el caso que involucra a la universidad española, a pesar de que fue alertado por El Diario de Guayana en dos reportajes publicados en octubre y noviembre de 2003. Incluso, el periódico entregó el 8 de febrero de 2004 a la entonces ministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio copia de estos reportajes.

LA BIOPIRATERÍA
El término nos recuerda más al famoso capitán Jack Sparrow de “Los piratas del Caribe”, que a la práctica poco conocida de usar ilegalmente los recursos biológicos y aprovecharlos para desarrollar productos destinados a la medicina, la cosmética, la agricultura u otro fin.
Maria Elisa Febres, especialista en Derecho Ambiental y directora de la Agenda de Legislación Ambiental y Políticas de la organización ambientalista venezolana Vitalis, explica que este fenómeno ocurre cuando el aprovechamiento, en especial de los recursos genéticos (procedentes de plantas, animales o microorganismos), se hace sin contar con el consentimiento del país del cual se extraen los recursos, o bien cuando no se reconocen los derechos soberanos del país sobre ese recurso y no se le da participación al país en los beneficios que surjan a partir de la investigación. Asimismo, agrega Febres, se habla de biopiratería cuando se utilizan los conocimientos tradicionales que tienen las comunidades indígenas sobre la potencialidad de la biodiversidad, sin compensarlas por ello.
Un enfoque muy distinto al que esgrimen los científicos españoles que confesaron en exclusiva a El Diario de Guayana, vía correo electrónico, que los únicos investigadores interesados en determinar el potencial farmacéutico de plantas empleadas como extractos, según su uso tradicional, “somos aquellos que no buscamos un beneficio económico directo de la investigación sino tan sólo el conocimiento y difusión de las propiedades medicinales de plantas que pueden emplearse por las comunidades locales sin tener que pagar royalties a las compañías que comercializan productos patentados derivados de las mismas plantas”.
Sin embargo, Febres sentencia que la ilegalidad existe, “haya habido o no mala intención, desconocimiento o lo que sea”.

TODO EMPEZÓ CON UNA HIPÓTESIS CIENTÍFICAAlgo les decía a estos científicos extranjeros que si esas plantas endémicas del Roraima-tepuy crecen en esas condiciones ambientales extremas (estados de humedad relativa e irradiación solar elevados, fuertes vientos y bajas temperaturas) tenían que esconder algún tipo de molécula interesante desde el punto de vista farmacológico.
Convencidos que el ser miembros de la “comunidad científica global” les concede una especie de boarding pass para acceder a los recursos genéticos de otras latitudes, Pablo Campra Madrid y José Luís Guil Guerrero, biólogos de la Universidad de Almería en España, se animaron a cruzar el Atlántico para estudiar la composición química y, por tanto, el valor médico y nutricional de la mayoría de las especies vegetales propias de las mesetas tepuyanas de Guayana.

Pero cuando vieron todos los trámites que tenían que cumplir ante las autoridades venezolanas decidieron aprovechar la oportunidad que les brindaba la Fundación Cacique Orinoco y venir a un parque nacional sin tantos “obstáculos burocráticos”. Aunque los investigadores alegan que “al comienzo de este proyecto tratamos de buscar colaboración con universidades venezolanas y, por razones desconocidas, no recibimos respuesta alguna, por lo que decidimos prescindir de dicha colaboración que gustosamente hubiéramos aceptado”.


Fotoleyenda: Pablo Campra, científico español durante la recolección de muestras de especies vegetales del Roraima-tepuy, meseta venezolana ubicada en el Parque Nacional Canaima


CABALLO DE TROYA
La Fundación Cacique Orinoco, financista del proyecto, fue creada en el año 1994 con el auspicio de la famosa marca Ron Cacique y opera tanto en Venezuela, desarrollando proyectos de preservación de parques nacionales, como en España donde actúa “como un caballo de Troya para conquistar consumidores del viejo mundo”, a través del otorgamiento de becas a jóvenes venezolanos y españoles “que tengan la intención de llevar a cabo una expedición que incluya realizar deportes de aventura en España o Sudamérica”, según publica la revista venezolana Producto en su edición número 203. Una estrategia de marketing que les resultó favorable para posicionar su marca haciendo uso de la “noción de aventura vinculada al origen venezolano y el disfrute de la naturaleza criolla”.
Para 1999, la fundación había financiado “diez becas para realizar estudios de la vegetación en el Orinoco, descenso por ríos gallegos y chilenos, una expedición a Los Andes y un proyecto de desarrollo sustentable de una comunidad indígena del Perú”. Sin embargo, en la lista de instituciones que trabajan en pro del ambiente en Venezuela que lleva el Ministerio de Ambiente venezolano, no aparece registrada dicha fundación.

PROYECTO DESCONOCIDO
En los registros de la Universidad de Almería aparece la Fundación Cacique Orinoco como la institución que financia el proyecto de investigación titulado “Bioprospección de semillas de interés farmacéutico en las montañas del Macizo de la Guayana”, el cual –según expresa el proyecto-, se inscribe en las directrices aprobadas para la Estrategia y Plan de Acción sobre Diversidad Biológica de la República de Venezuela, redactado por la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente.
No obstante, el director de Bioseguridad y Biocomercio de la mencionada oficina, César Molina aclara que en su despacho no hay registros ni solicitudes de permisología asociada a investigadores de esta universidad, “para ningún tipo de colecta científica, ni de acceso a los recursos genéticos. Es de suponer que tampoco tengan permiso de Inparques. Por otra parte, la Comisión Nacional de Tepuyes no fue consultada a este respecto y desconozco si los pobladores locales de la etnia Pemón fueron consultados”.

MÁS CLARO NO CANTA LA LEY
Para la abogada Febres, quien también se desempeña como miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la Ley es muy clara respecto a que ninguna fundación ni institución privada puede facultar a otro organismo, sea nacional o internacional, para tomar muestras con fines de investigación. “Para ello deben cumplirse las normas y requisitos establecidos en la Ley de Diversidad Biológica y el Ministerio del Ambiente es la única autoridad competente para autorizar, mediante un contrato de acceso a recursos genéticos, cualquier proyecto u actividad de investigación que involucre nuestros recursos”. Refiere los principios internacionales que existen al respecto y que están consagrados en el Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, el cual señala que se reconocen los derechos soberanos de cada país en cuanto al uso de sus recursos genéticos.
“En otras palabras, los recursos genéticos no son, como antes solía decirse, un patrimonio común de la humanidad que pueda utilizarse libremente, ya que los gobiernos nacionales tienen la facultad de establecer regulaciones y condiciones y tienen derecho a participar en los beneficios que se generen del uso de dichos recursos”.
Sin embargo, para el científico español Pablo Campra “de existir dicha obligación legal local de cooperación, constituiría una regulación intervencionista por parte del Estado Venezolano de carácter anacrónico y tercermundista, sin parangón en los países occidentales, cuya única consecuencia sería impedir el conocimiento a nivel mundial de los valores de la flora venezolana, indispensable para apoyar la protección de estos espacios naturales y el beneficio de las comunidades indígenas”.

PRINCIPIOS CONSAGRADOS
Al respecto la funcionaria de Vitalis advierte que el hecho de que los investigadores extranjeros tengan que trabajar en conjunto con una institución nacional “no es nada retrógrado ni tercer mundista”. Con la seguridad que le confiere conocer a fondo las leyes nacionales y foráneas que regulan casos como la biopiratería, Febres recuerda que esa obligación deriva del principio consagrado en el Convenio sobre Diversidad Biológica acerca de transferencia de tecnología en el marco de la cooperación internacional.
“Tradicionalmente se ha dicho que los recursos están en los países en desarrollo, pero las tecnologías y conocimientos están en los países industrializados. Esa es la tendencia que hay que revertir. El país tiene derecho a determinar a quién y para qué le concede sus recursos genéticos y es justo que como contrapartida, la cual no tiene que entenderse solo como dinero, hay muchos otros beneficios que el país hubiese podido tener si participaba en esta investigación por ejemplo, en capacitación de investigadores venezolanos, conocimiento de otras tecnologías, muestras para nuestros jardines botánicos, en fin eso tendría que haber sido parte de la negociación".
Precisamente, con el fin de regular este tipo de negociaciones los casi 200 países integrantes del Convenio de Diversidad Biológica se comprometieron el año pasado a tener una norma internacional que regule el acceso y la utilización de los recursos genéticos de un país para el año 2010. Una nota de la agencia EFE señala que los países buscarán implantar los «certificados de origen» de los recursos genéticos los cuales vendrían a garantizar que un producto obtenido a partir de un recurso genético ha seguido un procedimiento legal desde el principio.
Asimismo, esa norma regulará que ese acceso a los recursos genéticos cuente efectivamente con el consentimiento previo del país y de la comunidad indígena donde se localizan, así como también que las condiciones de explotación se fijen de mutuo acuerdo.

DIVULGAR PARA CONCIENTIZAR
Explicó Febres que ante esta realidad, el Estado venezolano y las organizaciones no gubernamentales como Vitalis han venido haciendo esfuerzos para divulgar estas novedosas normas y principios, a nivel de la colectividad en general y sobre todo a nivel de los investigadores e instituciones científicas venezolanas, a fin de que no se presten a entregar los recursos a personas que no estén plenamente autorizadas para utilizarlos.
Situación que a juicio de la especialista en leyes, puede ocurrir “por desconocimiento acerca de las implicaciones, ya que la persona puede pensar que está contribuyendo con el avance de la ciencia, sin saber que al mismo tiempo se le están causando perjuicios al país y a las comunidades que no están siendo debidamente informados ni compensados”.
Por su parte, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) sugiere que los esfuerzos de concienciación en materia de “biopiratería” deben incidir en el sector académico en particular.

VULNERABILIDAD DE ESTADOLo cierto es que la rica biodiversidad presente en la flora de Guayana es vulnerable ante las amenazas de la biopiratería. El funcionario del Ministerio de Ambiente, César Molina reconoce la falta de capacidad de vigilancia y control operativa por parte de este organismo así como también “la poca o nula divulgación y educación sobre este y otros temas ambientales que conlleven a que todos los venezolanos resguarden su patrimonio ambiental”. No obstante, la abogada Febres explica que para el Estado venezolano es muy cuesta arriba ejercer el control del aprovechamiento de los recursos genéticos, considerando que es muy baja la proporción de guardaparques, guardias nacionales u otras autoridades que pudieran estar actuando en el resguardo de áreas naturales, en relación al extenso territorio venezolano.
El caso de los científicos de la Universidad de Almería es sólo un ejemplo de la vulnerabilidad a la que está sometido uno de los diez países con mayor biodiversidad del planeta, de ahí que el llamado de atención debe, tal como lo expresa Febres, “dejar en evidencia que la biopiratería es un fenómeno real, tangible y actual, que nos está afectando y que amerita tomar medidas estrictas y creativas, como país y como región”.

Fotoleyenda: La Cyathea, una de
las cuatro especies de plantas que mostraron
elevada actividad citotóxica

Hallazgo científicoLa investigación desarrollada por la Universidad de Almería evaluó la actividad antitumoral frente a células cancerosas de mama, pulmón y pecho de 16 extractos de plantas endémicas de los tepuyes, recolectadas en el Roraima-tepui. Nueve de los 16 extractos de plantas que fueron expuestos durante 48 horas a las células cancerosas lograron reducir la proliferación de las células al 30% o menos, respecto a las células de control (en las células no tratadas el resultado fue 100% proliferación).
De las 9 especies anteriores, 4 mostraron adicionalmente elevada actividad citotóxica, esto es, capaces de matar células cancerosas reduciendo su número en un 50% o más respecto al inicial. Estas especies fueron: Casearia sylvestris variedad lingua, la cual no había sido objeto de estudio y fue la especie más antitumoral; Ledothamnus sessiliflorus de la Familia Ericáceas; Heliamphora nutans, planta carnívora endémica de la cima de los tepuyes; y la Cyathea sp., helecho gigante reliquia del jurásico, que habita en la rampa de subida a Roraima. Otras plantas con menor actividad antitumoral fueron Cyrilla racemiflora, Bonnetia roraimae (árbol de las cumbres de los tepuyes) y Curatella americana mejor conocida como chaparro. Estos resultados acaban de ser presentados en el Congreso de la Phytochemical Society of Europe celebrado del 11 al 14 de este mes en Cambridge, Reino Unido.

Fotoleyendas: La Ledothamnus sessiliflorus
fue otra de las especies que mostró una alta
respuesta antitumoral frente a células
cancerosas de mama, pulmón y pecho


Voces contra la biopiratería
Hernán Castellanosbiólogo e investigador: La industria farmacéutica transnacional se vale de muchas artimañas para tratar de evadir los pasos burocráticos y poder extraer información sobre los componentes activos que pudieren eventualmente ser usados como fármacos. Estas empresas invierten millones de dólares para lograrlo, valiéndose de todo tipo de astucias, tales como visitas de turistas, investigadores que vienen a realizar trabajos diferentes a los estudios por ellos propuestos. Esto nos afecta por la fuga de información propia de los pueblos indígenas e irrespeto a la propiedad intelectual.

Alexander Mansuttiantropólogo e investigador: Hay una ética científica y hay una normativa que convierte en delincuente a quien no la cumple. Los riesgos de que haya investigadores carentes de ética son permanentes, pero también que a éstos los ayuden empresarios de turismo corrompidos y funcionarios del gobierno venales e incompetentes. A mi juicio, es necesario promover los estudios de la biodiversidad y sus propiedades bajo el liderazgo de los investigadores nacionales. Una vez que el inventario esté listo, los biopiratas ya no tendrán trabajo en Venezuela.

Omar Hernándezdirector de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales: Para un biopirata es muy sencillo llegar a cualquier parte del país y tomar muestras, no hay nadie que le pida permisos o licencias, igual en los aeropuertos sacan las muestras sin problemas. Simplemente hace falta la policía ambiental que se dedique a hacer cumplir la ley. El grave problema en Venezuela es la falta de fiscalización y control así como falta de interés político para resolver los problemas, lo cual genera impunidad.

Maria Elisa Febresabogada y representante de Vitalis: Lo más relevante para mi es que vino, entro a un parque nacional, se llevó material venezolano sin siquiera preocuparse por informarse de la legislación al respecto, lo cual dudo, más bien debe ser que se hace el loco porque le parece una burocracia innecesaria y simplemente piensa que él tiene la razón. También nos perjudica el hecho de que las investigaciones en laboratorio y posterior desarrollo de productos se realizan fuera del país, es decir, fuera de nuestra jurisdicción (por lo general en países desarrollados), y esto hace que exigir el cumplimiento sea más difícil y costoso.

César Molinadirector de Bioseguridad y Biocomercio del Ministerio de Ambiente: Los tepuyes son Monumentos Naturales y como tales el Decreto No. 1.233 les otorga una protección legal máxima; además los espacios para la extracción ilegal de material son territorios indígenas de la etnia Pemón que percibe este parque como parte de su territorio y hábitat ancestral, por lo que tanto el espacio como los recursos son valorados como propios e insustituibles, siendo parte integral de su cultura. La biopiratería es un fenómeno complejo que implica variables culturales, políticas en términos de soberanía, económicas en cuanto a perdida de recursos, sociales por la apropiación de recursos propios de las comunidades y legales por el incumplimiento normativo.




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